La mujer, de 32 años, trabajaba como operadora de grúa en una fábrica de camiones ubicada sobre la avenida de Aragón, en San Fernando de Henares, en la periferia de Madrid. La policía nacional está investigando los hechos como suicidio, pues informó que al no haber denuncia no podrá llevar el caso como delito contra la intimidad.
Antes de que las imágenes llegaran hasta su esposo, quien detalló que padeció una crisis de ansiedad tras enterarse, Verónica ya había escuchado el rumor entre sus compañeros, pues a veces solo se acercaban a ella para confirmar que era la misma mujer del video.
Este último viernes se fue de la fábrica antes de terminar su jornada laboral, una compañera de su mismo departamento la acompañó hasta su casa. "Se puso muy nerviosa y se tuvo que marchar de la fábrica porque no aguantaba la presión, tanto aquí como en su entorno familiar", declaró Susana Martín al periódico El Mundo.
La empresa difundió este martes un comunicado entre los empleados para lamentar lo sucedido: "No podemos dejar de sentir dolor y consternación por tan atroz suceso. Aún estamos en shock, y la pena y la indignación nos desasosiegan. Que esto no tenía que haber pasado todos y todas lo tenemos claro".
De acuerdo con el diario español, la empresa aprovechó la situación para hacer hincapié en que se había hecho "todo lo correcto", pues trascendió que los jefes y altos directivos ya sabían del caso desde el jueves.
La versión de IVECO, como se llama la compañía, asegura que en el departamento de recursos humanos instaron a Verónica a que denunciara y que, incluso, le ofrecieron cambiarse de planta o darse de baja, pero aseguraron que ella "rechazó todas las ofertas". Sin embargo, nadie ha podido confirmar que esto sea verdad.
Según la información recabada en los testimonios, el video data de hace cinco años, y allí aparecen Verónica y un ex novio, que también trabajaba en la misma empresa. La policía sospecha de que él fue el responsable de la difusión.
Pese a que Verónica tenía dos hijos, uno de nueve meses y otro de cuatro años, nada la detuvo el día que se suicidó. En España el código penal castiga con una sentencia de tres meses a un año a todo aquel que "sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella".
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