VIDEO: Buche dice quieren ejecutarlo para que verdad no salga flote

En la jornada, que se extendió por más de tres horas, el Ministerio Público logró que el caso fuera declarado complejo y que se le impusiera al presunto narcotraficante un año de prisión preventiva a ser cumplida en la cárcel de Baní junto Luis Miguel Santana y/o Walter Antonio Moreta Villalona (El Chamo), y Steven Milciades Ruiz González (Chiquito y/o Malafe), quienes también hicieron uso de la palabra para defenderse de los hechos.

Torturas. Según denunció Buche ante el tribunal, sus derechos han sido violentados, incluso, dijo que durante las investigaciones le colocaron una funda negra en la cabeza y lo golpearon como forma de presión para que se incriminara.

Torturas. Según denunció Buche ante el tribunal, sus derechos han sido violentados, incluso, dijo que durante las investigaciones le colocaron una funda negra en la cabeza y lo golpearon como forma de presión para que se incriminara.
Yo no estaba. Reiteró que no se encontraba en el lugar cuando asesinaron al alto oficial el pasado 8 de enero.
En tanto, El Chamo dijo que teme por su vida y la de su familia.
Dijo que no conoce a Chiquito y que no participó en el crimen.

Agregó que junto a su compañero de infortunio ha recibido golpes y torturas para que señalen a Buche como el responsable del asesinato.
En tanto, los familiares de la víctima, quienes se constituyeron en parte civil, como Cronnys Peña Flores (viuda), Miguel Antonio Burgos y Rafael Ramos Rosario (hermanos), pidieron justicia al tribunal. Piden indemnización de RD$60 millones.

Los imputados son acusados de asesinar a balazos al comandante del Departamento Policial de Baní, coronel Daniel Ramos Álvarez, y de tentativa de asesinato contra otros dos oficiales de la Policía.
Los cargos. El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de asociación de malhechores, asesinato, tentativa de asesinato y rebelión armada a la autoridad, tipificados en los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302 y 209, y de violación a la nueva Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La medida de coerción fue impuesta a solicitud del Ministerio Público, el cual estuvo representado por el titular de la Procuraduría Regional de San Cristóbal, Jonathan Baró, y los magistrados Ángel Darío Tejeda, fiscal titular de Peravia, y el fiscal de esta demarcación Rodolfo Vizcaíno.